No dejar a nadie atrás.

Artículo por: Oficina Popular de vivienda de Valladolid

En el último año el Albergue Municipal de Valladolid ha sido noticia en numerosas ocasiones debido a diversas circunstancias que afectan tanto a las personas que se ven obligadas a tomar este recurso, como a las trabajadoras del mismo.

El Albergue Municipal es un servicio financiado por el ayuntamiento y hasta hace poco gestionado por Cruz Roja. Pero, pese a las promesas y compromisos políticos para el funcionamiento de este recurso, las condiciones del albergue son cada día más precarias. No cumple unos mínimos de habitabilidad, presenta goteras, humedades, etc. Además, la cocina con la que está equipado no se está usando por falta de personal y medios, lo que obliga a las personas que lo necesitan a desplazarse varios kilómetros dos veces al día, hasta el comedor municipal, independientemente de las condiciones de salud en las que se encuentren.

Pero pese a todo esto, la administración del PSOE lo viene utilizando como cara visible de sus políticas sociales y punta de lanza de su campaña política, asegurando que no van a dejar a nadie atrás. Mientras tanto, la realidad es que el presupuesto destinado a que las trabajadoras y las personas que lo utilizan tengan unas condiciones laborales y vitales aceptables es recortado año a año por ese mismo ayuntamiento.

Cruz Roja, entidad privada que en las últimas décadas se ha encargado de la gestión del albergue municipal, ha venido reclamando desde hace tiempo la necesidad de más presupuesto para poder mantener el servicio en unas condiciones mínimas. Hasta que en la última licitación ha decidido negarse a seguir gestionándolo si el ayuntamiento no ofrecía un presupuesto ajustado a la realidad del albergue.

Esto ha ocasionado que el ayuntamiento se haya visto obligado a sacar dos pliegos más, uno en 2020, en el que se reducía tanto el número mínimo de trabajadoras necesarias, el horario de apertura, entre otros recortes, que quedó el concurso vacío. Tras un nuevo pliego en 2021, no mucho superior al anterior, finalmente es la empresa Intras la que ha decidido hacerse cargo de ello.

Pero la precarización de este recurso no puede entenderse sin las políticas de externalización de servicios públicos que desde la época de Felipe González tanto el PSOE, como el PP, han ido generalizando. Este tipo de políticas suponen un desvío ingente y constante de recursos públicos a entidades y empresas privadas, a la vez que empeoran tanto la calidad de los servicios ofrecidos, como las condiciones laborales de las trabajadoras contratadas para ello.

Y, mientras tanto, la concejala de servicios sociales del PSOE, Rafaela Romero, se permiten decir públicamente que su objetivo favorecer el desarrollo personal, integración social e inserción sociolaboral  de las personas que por su situación se ven obligadas a recurrir a este servicio. Estas palabras contrastan fuertemente con la realidad, y es que no se destina dinero suficiente para mantener siquiera el albergue en unas condiciones mínimas y no se han cumplido todavía las peticiones de mantenerlo  abierto las 24 horas, dejando claro que la única intención del PSOE de Valladolid es hacer campaña política a costa de las vidas de estas personas.

Abordar el sinhogarismo tiene que partir de abordar las problemáticas de vivienda desde una perspectiva más amplia. No se pueden pretender, como se está haciendo desde las instituciones, poner parches puntuales sin cambiar las estructuras que permiten que esto suceda. Hay que entender las políticas de vivienda como una unidad, un continuo de situaciones que desembocan en que las personas pierdan sus casas. Una persona que tiene una hipoteca y un trabajo estable, puede perfectamente pasar a tener un trabajo precario y vivir de alquiler, ser despedida, tener que okupar una vivienda vacía y terminar viviendo en la calle.

Por eso, el albergue no es ni debería plantearse en ningún caso como una solución habitacional, sino como un cobijo puntual. No dejar a nadie atrás pasa por frenar las situaciones que permiten que muchas personas sean expulsadas de sus hogares, por no permitir que la vivienda sea un bien de mercado, una fuente de especulación o de evasión fiscal. Pasa, sobre todo, por reconocer y asegurar que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna, independientemente de su situación vital, legal o laboral, para que así nadie tenga que recurrir, en última instancia, a vivir en un albergue municipal.

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